Inversiones públicas, disparidades territoriales y deterioro ambiental.
De fuentes oficiales se recoge que la actual administración de gobierno ha asignado importantes recursos del Estado para la construcción y mejoramiento de infraestructura de servicios públicos y otras inversiones. El plan de reordenamiento vial con 1,500 millones de balboas, 700 millones para la fase III de la cinta costera, la construcción de edificios para las agencias del Estado como el Tribunal Electoral por 36 millones en el trienio que concluye en el 2013, la ciudad hospitalaria por 57 millones, los proyectos de la Cadena de Frio por otro 9 millones; A lo anterior se le suma la billonaria inversión en las obras de expansión del Canal, sin incluir unos 230 millones para el tercer puente sobre el Canal. Encontramos referencia sobre la rehabilitación y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento por el orden de unos 530 millones. Un total por más de 8 mil millones aproximadamente, casi todos, concentrados en la región metropolitana.
Ante una política de abandono del sector agrario, el sector urbano está siendo primado con una dinámica de inversión que viene concentrando la misma en la región metropolitana y que acentuará la ya los desequilibrios territoriales y la distribución de la riqueza, dinamizada por la inversión pública. La inversión en el sector rural, a excepción de algunas obras de infraestructura de riego no es mayor con relación a la inversión en el ámbito metro-urbano. Mientras el espacio metropolitano se deforma con una exacerbada inversión, el sector rural se deprime generando pobreza y marginalidad.
Este fenómeno de desequilibrio viene acompañado con una importante migración de la población hacia algunas áreas cercanas a las ciudades más grandes, donde los asentamientos formales, no formales o disfuncionales se toman las tierras, bosques y ríos de los Distritos de Chorrera, Arraiján en el oeste y los de Chepo y Pacora hacia el este.
La población es atraída como cocuyos por las luces de las oportunidades urbanas y que encandiladas por el progreso aparente, viene teniendo- de manera sostenida- un efecto negativo sobre los recursos del suelo y el agua ante una institucionalidad debilitada y abrumada por la enorme ejecución de las obras de inversión pública. Al panorama no se le pintan pinceladas favorables al clima de armonía social, cuando se pone en evidencia la dificultad creciente de la función de movilidad urbana por la ineficiencia de los sistemas de transporte metropolitano y cuya solución tiene poca probabilidad de articularse al desarrollo equitativo que el modelo pregona.
Lo anterior se le suma el destartalamiento de la normativa ambiental con relación al proceso de evaluación ambiental -realizado bajo la nocturnidad- hace unos meses y la recién modificación del código de los recursos mineros. Lo que viene ocurriendo es una muestra de la desarticulación de las normas en detrimento del interés social para favorecer intereses políticos visibles y los menos visibles o trazables de carácter económico manipulados por servidores públicos, honorables diputados y corruptos directores al servicio de la elite gobernante. La visión de conservación y uso de los recursos de Panamá no está siendo acompañado por una política coherente de desarrollo del Estado con una visión de bienestar futuro.
Estos elementos de desequilibrio de la inversión sectorial y territorial, junto con el debilitamiento normativo y el abandono de la planificación como ejercicio del Estado central, no auguro buenos resultados para el colectivo social.
La inversión pública destinada a obras urbanas consolidará la deformación del desarrollo territorial con un impacto ambiental no previsto. Proceso que posiblemente impactará de manera negativa e irreversible los efectos sobre la calidad y oferta de los recursos naturales, particularmente el agua, siendo éste el eje central de la propuesta económica de nuestra vocación de tránsito. El Canal y la población del país y de la región metropolitana depende de la buena administración del recurso agua.
Los conflictos que se generaran sobre la disponibilidad de agua en calidad y cantidad para abastecer la población y el funcionamiento del Canal no se tiene en perspectiva bajo la administración del Gobierno. Los intereses económicos y políticos no van de la mano con el interés social y no valora el concepto de aprovechamiento de la posición geográfica y el uso de los recursos para un modelo sostenible en el tiempo.
La miopía, junto a la falta de discusión pública y científica, desdibujada por la percepción errónea de los gobernantes y políticos de que el hacer obras traerá más progreso es una quimera que va a ser diluida cuando los conflictos por el uso de los recursos se acentué. Esto pudiera mitigarse, en el caso del agua, ante la débil discusión que se propicia para la solución de una autoridad administrativa de aguas que parece tomar forma, metamorfosis que debe operarse entre una asamblea de diputados que no entiendo mucho del tema.
Urge recoger los conceptos abandonados de planificación y una visión a largo plazo y posicionar el tema de la asignación de recursos y la integración de la conservación de los recursos naturales para encontrar un posible equilibrio del territorio y un bienestar colectivo de nuestra sociedad.
Ante una política de abandono del sector agrario, el sector urbano está siendo primado con una dinámica de inversión que viene concentrando la misma en la región metropolitana y que acentuará la ya los desequilibrios territoriales y la distribución de la riqueza, dinamizada por la inversión pública. La inversión en el sector rural, a excepción de algunas obras de infraestructura de riego no es mayor con relación a la inversión en el ámbito metro-urbano. Mientras el espacio metropolitano se deforma con una exacerbada inversión, el sector rural se deprime generando pobreza y marginalidad.
Este fenómeno de desequilibrio viene acompañado con una importante migración de la población hacia algunas áreas cercanas a las ciudades más grandes, donde los asentamientos formales, no formales o disfuncionales se toman las tierras, bosques y ríos de los Distritos de Chorrera, Arraiján en el oeste y los de Chepo y Pacora hacia el este.
La población es atraída como cocuyos por las luces de las oportunidades urbanas y que encandiladas por el progreso aparente, viene teniendo- de manera sostenida- un efecto negativo sobre los recursos del suelo y el agua ante una institucionalidad debilitada y abrumada por la enorme ejecución de las obras de inversión pública. Al panorama no se le pintan pinceladas favorables al clima de armonía social, cuando se pone en evidencia la dificultad creciente de la función de movilidad urbana por la ineficiencia de los sistemas de transporte metropolitano y cuya solución tiene poca probabilidad de articularse al desarrollo equitativo que el modelo pregona.
Lo anterior se le suma el destartalamiento de la normativa ambiental con relación al proceso de evaluación ambiental -realizado bajo la nocturnidad- hace unos meses y la recién modificación del código de los recursos mineros. Lo que viene ocurriendo es una muestra de la desarticulación de las normas en detrimento del interés social para favorecer intereses políticos visibles y los menos visibles o trazables de carácter económico manipulados por servidores públicos, honorables diputados y corruptos directores al servicio de la elite gobernante. La visión de conservación y uso de los recursos de Panamá no está siendo acompañado por una política coherente de desarrollo del Estado con una visión de bienestar futuro.
Estos elementos de desequilibrio de la inversión sectorial y territorial, junto con el debilitamiento normativo y el abandono de la planificación como ejercicio del Estado central, no auguro buenos resultados para el colectivo social.
La inversión pública destinada a obras urbanas consolidará la deformación del desarrollo territorial con un impacto ambiental no previsto. Proceso que posiblemente impactará de manera negativa e irreversible los efectos sobre la calidad y oferta de los recursos naturales, particularmente el agua, siendo éste el eje central de la propuesta económica de nuestra vocación de tránsito. El Canal y la población del país y de la región metropolitana depende de la buena administración del recurso agua.
Los conflictos que se generaran sobre la disponibilidad de agua en calidad y cantidad para abastecer la población y el funcionamiento del Canal no se tiene en perspectiva bajo la administración del Gobierno. Los intereses económicos y políticos no van de la mano con el interés social y no valora el concepto de aprovechamiento de la posición geográfica y el uso de los recursos para un modelo sostenible en el tiempo.
La miopía, junto a la falta de discusión pública y científica, desdibujada por la percepción errónea de los gobernantes y políticos de que el hacer obras traerá más progreso es una quimera que va a ser diluida cuando los conflictos por el uso de los recursos se acentué. Esto pudiera mitigarse, en el caso del agua, ante la débil discusión que se propicia para la solución de una autoridad administrativa de aguas que parece tomar forma, metamorfosis que debe operarse entre una asamblea de diputados que no entiendo mucho del tema.
Urge recoger los conceptos abandonados de planificación y una visión a largo plazo y posicionar el tema de la asignación de recursos y la integración de la conservación de los recursos naturales para encontrar un posible equilibrio del territorio y un bienestar colectivo de nuestra sociedad.
