¿Maritime City un proyecto privado o la venta del patrimonio nacional?

El tema de la Cinta Costera Fase III sigue en el ojo de la tormenta. La última noticia en medios reveló las fuerzas e intereses que empujan la decisión de “conectar” la Avenida Balboa con el sector de Barraza y Amador. El eco del grito ¡ la cinta va porque va! retumba por todos los rincones del ordenamiento jurídico e institucional de este país.
El planteamiento de agitadores políticos para confrontar clases sociales y la descabellada idea de un referendo para decidir un relleno por el Casco Viejo superó el alcance de los términos y la manipulación de la estructura legal y administrativa y de la institucionalidad panameña para beneficio de amigos de Palacio.
El tinglado entre los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas e Inversionistas Privados con intereses y parientes en el Gobierno parece revelar en primer round los verdaderos intereses sobre el empeño de resolver los “problemas sociales” de: vialidad urbana, condición social de los Chorrilleros y el vía crucis del transporte de los panameños de la capital. Maritime City la ciudad soñada en el sector de Amador debuta con un tufo de inconstitucionalidad, conflicto de interés, corrupción y manipulación institucional.
El patrimonio cultural panameño, los bienes revertidos de la antigua Zona del Canal, el fondo de mar, las costas, la constitución, la ley de tierras, las instituciones responsables de su administración están de remate mediante una transacción teñida de corrupción, tráfico de influencia y opacidad. Maritime City está lejos del interés social para justificar una inversión millonaria en el sector de Amador. Es un proyecto corrupto, opaco y alejado del interés social.
Maritime City irrumpe como un proyecto privado que amenaza el perfil marino y urbano de la ciudad. Atenta contra las normas de la Constitución Nacional y empuja a corromper el tejido de leyes y a las normas e institucionalidad panameña. El proyecto marino en Amador plantea un monopolio del negocio marítimo un expolio de los recursos fiduciarios de los bienes revertidos, un desprecio a los esfuerzos de planificación turística desarrollada para el sector marítimo del sector de Amador. Maritime City es una ofensa a los panameños honestos y preocupados por el desarrollo de este país.
El tono de la discusión pone en evidencia lo medular de un conflicto entre lo público y lo privado. El “dejad hacer, dejad pasar”, va más allá de lo económico y de la intervención del Estado y en Panamá, no pasa nada.
La recomendación emitida por la UNESCO esta semana es un detalle y parece que va a quedar escrita en algún lugar del país donde no llega el sol. La recomendación de la suspensión del proyecto de la Cinta Costera Fase III y el compromiso del Gobierno Nacional de presentar para evaluación ante el Centro de Patrimonio Mundial y su Cuerpo Asesor de todos los proyectos, estudios y propuestas relacionadas con el proyecto, incluyendo especificaciones técnicas y las evaluaciones ambientales correspondientes, parecen oler a “flores de la Habana”.
Finalmente estamos siendo testigos de una manipulación del ordenamiento jurídico, el irrespeto a la institucionalidad publica frente a un proyecto de dudoso interés colectivo y que atentan directamente con la integridad y continuidad del patrimonio cultural, natural, urbano, financiero y marítimo de los panameños.
La iniciativa y el riesgo del capital privado para el desarrollo de este país es el mismo que ha impulsado los desarrollos exitosos y armoniosos en otras latitudes del planeta. Esto es invaluable y necesario para alcanzar metas de desarrollo. Las fuerzas privadas contribuyen en sociedad con la institucionalidad oficial en el marco que establece la normativa que regula el funcionamiento social. La iniciativa y capital privado pueden producir otros resultados sin el trauma social que estamos por presenciar.
Mientras esto sucede en Panamá, somos distraídos por los comunicadores sobre el precio y el peso de las michitas de pan. Permanecemos como mudos testigos, desperdiciando oportunidades de inversión exitosa bajo una práctica inédita en lo administrativo - institucional como muestra de ingobernabilidad, de irrespeto a la norma, a la institucionalidad y a la democracia.