Gobernabilidad en la gestión del Patrimonio Mundial, oportunidad, limitaciones y conflicto de intereses.

El tema de la Cinta Costera Fase III sigue en el ojo de la tormenta. El planteamiento de agitadores políticos para confrontar clases sociales sube el tono de la discusión y lo medular del conflicto desvía la discusión entre el uso del patrimonio, la inversión de recursos del Estado y la opacidad entre el beneficio público y privado.
Otro tema que vale la pena comentar es el violentamiento de la institucionalidad que rige la administración del patrimonio cultural panameño. Esta afirmación la recoge la práctica del Ejecutivo y los Administradores del Patrimonio cultural panameño al plantear irrumpir el entorno marino del Casco Viejo para rellenar una cinta costera, así como el no reconocimiento del Hospital Santo Tomás en su categoría de patrimonio histórico a favor de una estructura no funcional, invasiva e irrespetuosa del entorno urbano como es la Torre Financiera. De eso ya hablamos en otra entrega.
La institucionalidad panameña para la administración del patrimonio cultural panameño la encuentro bastante desarrollada con requerimientos de ser adecuada en algunos aspectos. Considero que el tema de política de conservación deberá ser revisado y de allí un cascadeo para una efectiva y consistente intervención.
Con relación al cumplimiento de las decisiones de la institucionalidad, la norma la exhibe el desconocimiento de las decisiones. Así lo adorna al desconocimiento del fallo emitido por la Corte Suprema para suspender los trabajos del Ph Independencia, la impunidad con la que se avaló la demolición del Hotel Central, la aprobación irregular de las obras del Antiguo Colegio Javier-de recién conocimiento- el martilleo de la Torre Financiera en un predio patrimonial y la irrupción del entorno marino del Casco Viejo son ejemplo de lo que acá queremos llamar la atención. Finalmente el tema se traslada a presentar un referendo limitado a un área geográfica sobre un tema de interés nacional. Esto remata la manipulación del ordenamiento jurídico, la institucionalidad publica frente a una serie de proyectos de dudoso interés colectivo y que atentan directamente con la integridad y continuidad del patrimonio cultural panameño y muestras de ingobernabilidad y respeto a la democracia.
Los medios reportaron hace uno días la creación de la Comisión Nacional de Patrimonio Mundial: Cultural y Natural con el objetivo de preservar los sitios declarados patrimonio mundial en Panamá. El decreto se publicó recientemente con objetivos aún no muy claros.
Esta instancia se genera en la coyuntura y discusión sobre el impacto de grandes obras urbanas de infraestructura vial sobre el sitio de patrimonio mundial categoría otorgada a Panamá Viejo y Casco Viejo, y por otras iniciativas como el impacto de la Torre Financiera sobre los predios del Monumento Histórico del Hospital Santo Tomás. También incide sobre el PN Coiba, la reserva de la biosfera del Darién el y el Parque Internacional La Amistad (PILA).
El anuncio indica que la Comisión estará integrada por siete ministros de estado (Relaciones Exteriores, Obras Publicas, Educación, Vivienda Economía y Financias y Presidencia) y tres directores de instituciones (Autoridad de Turismo, Instituto de Cultura y Autoridad Nacional del Ambiente). Participaran con derecho a voz y no voto a las unidades administradores de dichos sitios. El Patronato de Panamá Viejo en este caso y el Patronato de San Lorenzo y Portobelo los únicos creados con tal finalidad.
Las funciones de la Comisión son la de asesorar al Estado y las Instituciones en materia de conservación, en el marco de la Convención de Patrimonio Mundial de la Organización de la las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Considero que la creación de la Comisión es una buena noticia, pues no existía al nivel de Estado una instancia dedicada al objetivo de protección de los sitios de Patrimonio Mundial. Entre las primeras tareas declaradas son la de preparar un plan nacional sobre patrimonio mundial y recomendar políticas sobre el manejo de esos bienes patrimoniales. No hay planes de manejo para Portobelo, San Lorenzo y el del PN Coiba, aún no lo aprueba al ANAM. Sería interesante conocer cómo lo patrimonial se integra a las políticas de desarrollo, considerando que Panamá posee cinco sitios de categoría mundial, de los quince que existen en la región. No conozco cual será el enfoque, los objetivos y el horizonte temporal de los planes de manejo, pues la política de conservación nacional no se discute y la que existe no ha sido adecuado en muchos años. La política de conservación patrimonial en lo natural está en mora pies de barro a la iniciativa de creación de la Comisión. De igual manera los recursos asignados para la conservación del patrimonio natural y cultural son exiguos y no responde a los retos que demanda su conservación. En el contexto del alto crecimiento económico deberíamos pensar en captar los beneficios de dicho crecimiento en la conservación patrimonial. Nada de este verso reza el Decreto. El estado de conservación de San Lorenzo y Portobelo y el Casco Viejo habla de este aspecto y no dedicaré mucha letra a ello. Veo la posibilidad de la Comisión de integrar y articular los recursos patrimoniales (cultural y natural) a una estrategia coherente para el desarrollo del país.
En cuanto al balance de poder y la naturaleza política y no técnica en la Comisión, y en el caso de la coyuntura actual, es interesante saber que dos de los miembros de dicha Comisión son los promotores de los proyectos que plantean el conflicto por la construcción de III Fase de la Cinta Costera (MOP y MEF). Si la instancia no es técnica, la decisión será política. La protección de patrimonio cultural y natural tiene que observar criterios técnicos y aquellos políticos, ser consistentes con la naturaleza de dichos bienes y de cómo contribuyen a la economía y el desarrollo del país. Aquí el primer problema que emana de un conflicto de interés.
El problema que veo en el funcionamiento de la Comisión es que toda la representación en ella establecida atiende a instituciones que forman parte del Gobierno de turno y no tendrá la independencia de trabajar de manera objetiva en términos de decisión sobre obras y proyectos de alta visibilidad que impulsa el Ejecutivo en turno. Es así que en su momento inauguramos un Puente Centenario sobre el Canal de Panamá sin accesos bajo la administración Moscoso y una Cinta Costera inconclusa en la de Torrijos.
Volviendo al tema de la Comisión y su primer producto del Plan, este será formulado una vez se tome la decisión de construcción de la III Fase de la Cinta Costera, validando éste proyecto después de formulado un Plan.
La disparidad y debilidad institucional de los miembros, expresada en los presupuestos asignados, independencia en la ejecución así como alcance en las tareas de protección por parte del INAC y la ANAM. Estas Instituciones no son valoradas en el aparataje gubernamental, otorgando espacios políticos a temas que son de naturaleza técnica. Esto se pone en evidencia si evaluamos los recursos asignados en la protección del patrimonio natural y cultural a estas instituciones vs los recursos de sus otros Comisionados.
No tocaré el tema de ausencia de participación social en dicha Comisión, siendo la razón de conservación del patrimonio natural y cultural de Panamá un asunto nacional y de carácter social. El vacío de la representatividad social habla por sí mismo de las dificultades que la Comisión tendrá que allanar. El estilo de gerencia del país ofrece una vez más el fruto de la no consulta a la sociedad sobre asuntos de interés.
Considero que la Comisión parece tener un objetivo interesante pero que bajo su actual conformación y débil institucionalidad, falta de recursos, ausencia de mecanismos para ventilar conflictos entre lo técnico y lo político no llevará la acción de la Comisión a ningún lado aumentado la ingobernabilidad con relación al tema de conservación patrimonial que se extiende sobre lo nacional al ámbito universal. El anuncio de la Comisión es otra cortina de humo y un espejismo que pretende desviar la atención al asunto medular.

Orlando Acosta, 8-225-195 Ingeniero. Miembro de la Hubert Humphrey Fellowship