De los proyectos urbanos y los goles legislativos
RETROCESO
De proyectos urbanos y goles legislativos
ORLANDO ACOSTA
opinion@prensa.com
El reciente aporte legislativo con relación a los proyectos de interés social y la modificación del régimen ambiental, particularmente lo relacionado al tema de los estudios de impacto ambiental generan interesantes reflexiones. Estos hechos, sumados al anuncio del Gobierno nacional sobre la ejecución de grandes proyectos urbanos, ameritan comentarios.
El Metro de Panamá, el centro de convenciones y los rellenos de Amador y Barraza, el túnel o puente bajo el Canal de Panamá para integrar la Zona Económica Especial Panamá–Pacífico, entre algunos, son a nuestro juicio, los temas centrales que motiva la ligereza en materia legislativa, al fragor del Mundial de Fútbol.
Los requerimientos de recursos financieros para completar un estudio de impacto ambiental, además del tiempo que conlleva su elaboración, sumado a la evaluación intersectorial de carácter gubernamental que demanda el proceso en cuestión, son los temas que afecta la modificación de la ley. A nuestro juicio falta divulgación y alcance por determinar.
Pongo en la mira las restricciones de financiamiento externo impuestos por los organismos bilaterales y multilaterales, al eliminar de esta manera los instrumentos de gestión ambiental vigentes, normados y reconocidos mundialmente.
Seremos cercados no por los regímenes antidemocráticos sino bajo una percepción externa de ignorancia. ¡Hemos retrocedido 30 años de evolución e historia ambiental!
Volviendo al tema de los proyectos de interés social que, luego se ampliaron a cualquier proyecto, entiendo entonces que estos solo serán normados por un instrumento voluntario que el “chorizo legislativo” ha llamado “buenas prácticas ambientales”, definidas por el Ejecutivo.
El compromiso ético hacia el ambiente natural, cultural, humano y económico quedará en manos de los promotores, en este caso el Gobierno y bajo la mirada técnica ya destartalada de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
La Anam, bajo la égida presidencial y en complicidad con su gerencia, ya ha sido vulnerada por los despidos de cuadros técnicos con sólida formación.
En este escenario, preveo que el análisis del impacto ambiental en el plano territorial, económico y social de los proyectos estará fuera del partido, otorgando al Gobierno nacional “tiempo de juego”, para entonces ni siquiera mirar bajo un instrumento de rigor metodológico, validado internacionalmente, el impacto de estos grandes proyectos sobre la ciudad, la gente y el ambiente de Panamá.
El Gobierno se ahorrará de esta manera un par de miles de dólares en contratar los estudios de impacto ambiental y algunos meses en el proceso de evaluación intersectorial, teniendo así la excusa de ejecución presupuestaria y sumar a la lista de inauguración de obras a su rosario de triunfos políticos.
¿A cuál ahorro nos referimos? No entiendo aún. Pan de hoy, hambre de mañana. Seguimos, además, colocando los grandes proyectos urbanos en una agenda partidista para ponerlos en las filas de corte de cinta. Aun no aprendemos.
No alcanza el espacio de esta columna de opinión para analizar el despilfarro que el Estado hará de los recursos financieros y técnicos de todas las unidades sectoriales ambientales que establece el Decreto Ejecutivo que regula lo concerniente a los estudios de impacto ambiental. Tampoco adivino el destino de todas las unidades ambientales de los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Agropecuario y de entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Autoridad de Turismo de Panamá, y todas y cada una de las que conforman la ya fenecida estructura intersectorial de ambiente. Tendrá el Gobierno excusa para reducir las planillas de las instituciones que velan por el bienestar social del colectivo.
Felicito por el triunfo y la construcción de un Panamá mejor. Creo que el tema de la Ley 30 o mal llamada “ley chorizo” amerita algo más que divulgación, tal como lo expresó el vicepresidente de la República en declaraciones al país.
Mientras esto sucede, recomiendo a los panameños que sigamos de cerca las eliminatorias del “torneo político” interno y no prestar mucha atención a lo que sucede en Sudáfrica, porque al final del partido, el Mundial solo nos dejará el recuerdo amargo del grito de gol de nuestro flagrante equipo Legislativo, bajo la dirección del capitán del Ejecutivo al frente.
De proyectos urbanos y goles legislativos
ORLANDO ACOSTA
opinion@prensa.com
El reciente aporte legislativo con relación a los proyectos de interés social y la modificación del régimen ambiental, particularmente lo relacionado al tema de los estudios de impacto ambiental generan interesantes reflexiones. Estos hechos, sumados al anuncio del Gobierno nacional sobre la ejecución de grandes proyectos urbanos, ameritan comentarios.
El Metro de Panamá, el centro de convenciones y los rellenos de Amador y Barraza, el túnel o puente bajo el Canal de Panamá para integrar la Zona Económica Especial Panamá–Pacífico, entre algunos, son a nuestro juicio, los temas centrales que motiva la ligereza en materia legislativa, al fragor del Mundial de Fútbol.
Los requerimientos de recursos financieros para completar un estudio de impacto ambiental, además del tiempo que conlleva su elaboración, sumado a la evaluación intersectorial de carácter gubernamental que demanda el proceso en cuestión, son los temas que afecta la modificación de la ley. A nuestro juicio falta divulgación y alcance por determinar.
Pongo en la mira las restricciones de financiamiento externo impuestos por los organismos bilaterales y multilaterales, al eliminar de esta manera los instrumentos de gestión ambiental vigentes, normados y reconocidos mundialmente.
Seremos cercados no por los regímenes antidemocráticos sino bajo una percepción externa de ignorancia. ¡Hemos retrocedido 30 años de evolución e historia ambiental!
Volviendo al tema de los proyectos de interés social que, luego se ampliaron a cualquier proyecto, entiendo entonces que estos solo serán normados por un instrumento voluntario que el “chorizo legislativo” ha llamado “buenas prácticas ambientales”, definidas por el Ejecutivo.
El compromiso ético hacia el ambiente natural, cultural, humano y económico quedará en manos de los promotores, en este caso el Gobierno y bajo la mirada técnica ya destartalada de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
La Anam, bajo la égida presidencial y en complicidad con su gerencia, ya ha sido vulnerada por los despidos de cuadros técnicos con sólida formación.
En este escenario, preveo que el análisis del impacto ambiental en el plano territorial, económico y social de los proyectos estará fuera del partido, otorgando al Gobierno nacional “tiempo de juego”, para entonces ni siquiera mirar bajo un instrumento de rigor metodológico, validado internacionalmente, el impacto de estos grandes proyectos sobre la ciudad, la gente y el ambiente de Panamá.
El Gobierno se ahorrará de esta manera un par de miles de dólares en contratar los estudios de impacto ambiental y algunos meses en el proceso de evaluación intersectorial, teniendo así la excusa de ejecución presupuestaria y sumar a la lista de inauguración de obras a su rosario de triunfos políticos.
¿A cuál ahorro nos referimos? No entiendo aún. Pan de hoy, hambre de mañana. Seguimos, además, colocando los grandes proyectos urbanos en una agenda partidista para ponerlos en las filas de corte de cinta. Aun no aprendemos.
No alcanza el espacio de esta columna de opinión para analizar el despilfarro que el Estado hará de los recursos financieros y técnicos de todas las unidades sectoriales ambientales que establece el Decreto Ejecutivo que regula lo concerniente a los estudios de impacto ambiental. Tampoco adivino el destino de todas las unidades ambientales de los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Agropecuario y de entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Autoridad de Turismo de Panamá, y todas y cada una de las que conforman la ya fenecida estructura intersectorial de ambiente. Tendrá el Gobierno excusa para reducir las planillas de las instituciones que velan por el bienestar social del colectivo.
Felicito por el triunfo y la construcción de un Panamá mejor. Creo que el tema de la Ley 30 o mal llamada “ley chorizo” amerita algo más que divulgación, tal como lo expresó el vicepresidente de la República en declaraciones al país.
Mientras esto sucede, recomiendo a los panameños que sigamos de cerca las eliminatorias del “torneo político” interno y no prestar mucha atención a lo que sucede en Sudáfrica, porque al final del partido, el Mundial solo nos dejará el recuerdo amargo del grito de gol de nuestro flagrante equipo Legislativo, bajo la dirección del capitán del Ejecutivo al frente.
