Patrimonio Cultural: objeto usurpado
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Patrimonio Cultural: objeto usurpado. Orlando Acosta Patiño. Abril 2016
El título tercero de la Constitución Política en su capítulo cuarto define lo que es Cultura Nacional como aquella “constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas. El Estado promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural”. Sigue definiendo la Carta, que es patrimonio histórico “los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño”. Para la administración del objeto definido, se crea entre otras, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) mediante la Ley 63 de junio de 1974, institución a quien le corresponde, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH), parte de los asuntos definidos en la Constitución. Es el INAC responsable de la administración patrimonial mediante la DNPH.
Siguiendo la lectura de lo establece la Constitución Nacional y la organización del Estado para la administración y custodia del patrimonio histórico panameño, es responsabilidad de la institucionalidad dicha tarea. En ese sentido la complejidad de las tareas que demanda el objetivo último y con los pocos recursos financieros y técnicos asignados, la administración del patrimonio cultural panameño tiene dificultades. El INAC y la DNPH tienen pocos recursos asignados por el Estado para cumplir con su tarea y ha sido debilitado en algunos de los asuntos de su competencia.
El impacto – irreversible en algunos casos- sobre p patrimonio cultural subacuático y el más reciente a las iglesias en el Casco Antiguo, y los que probablemente vendrán sobre el Teatro Nacional, son algunos de los casos que se pueden analizar.
En el caso del patrimonio subacuático un informe técnico reveló irregularidades documentadas en un informe de Unesco sobre el supuesto rescate del pecio del galeón San José en la Isla Contadora.
“ La explotación comercial del pecio del San José, un galeón español que naufragó en aguas panameñas en el siglo XVII, no responde a criterios científicos y causó importantes daños a este sitio arqueológico subacuático, según las conclusiones de un informe de la UNESCO emitido tras una misión de expertos efectuada en el archipiélago de Las Perlas (Panamá). “La destrucción del patrimonio resultó posible mediante un contrato entre el INAC y privados, quienes destruyeron el patrimonio y que- incluso- permitió la comercialización de los tesoros encontrados en el mercado de antigüedades. http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/unesco_concerned_about_damage_to_underwater_archaeological_site_of_the_san_jose_shipwreck_in_panama/ . Aún no se saber no por parte de la DNPH información sobre este asunto.
Otro ejemplo, aún pendiente por informar, gravita sobre el patrimonio y los hallazgos en el sitio arqueológico El Caño, en la provincia de Coclé. Los derechos sobre la investigación y explotación fueron entregado por el INAC a una Fundación privada. Para este asunto medió un acuerdo privado entre el INAC y la Fundación- y los derechos para lucrar con las actividades de la divulgación de los hallazgos. Fue público y notorio que dicha Fundación, incluso, adelantó conversaciones con la Fundación Getty – coleccionistas privados de los Estados Unidos- para la exhibición de esos hallazgos fuera de Panamá. Incluso la National Geographic, publicó en su revista, un amplio informe sobre los tesoros de El Caño, sin que éstos fueran informados por la Institución, tal como la Ley establece. Privados bajo un contrato informan y exponen y divulgan patrimonio arqueológico panameño. La reciente publicación Guerreros de Oro de la Fundación destaca, en su primera página el nombre de su Presidenta y en la segunda imagen de las ilustraciones, no una de los hallazgos, sino una foto de la misma Presidenta de la Fundación.
La recién intervención de la Iglesia de San Francisco de Asís, en el Casco Antiguo, por el Comité de Amigos de la Iglesias del Casco Antiguo (CAICA), puso en evidencia, mediante los medios de prensa y por la sociedad civil, el incumplimiento de las normativas para la intervención del inmueble por parte del INAC. Gravita sobre el tema el traspaso por parte del Gobierno a la Iglesia Católica de la finca de esa iglesia, junto con cuatro templos más, en el Conjunto Monumental de Casco Viejo. El Estado mediante un acto administrativo, entrego la propiedad de un bien patrimonial a una instancia privada, y permitió a un grupo de la sociedad civil a la intervención del mismo, fuera de lo que establece la Ley y sus Reglamentos.
La ejecutoria de este grupo de la sociedad civil –dónde además no se encuentra representado el INAC- viene interviniendo el templo de La Merced, San José y San Felipe Neri. No ha habido por parte de CAICA un informe técnico desde el punto de vista de conservación patrimonial que documente y registre el carácter de la intervención.
El cierre indefinido del Teatro Nacional, el cual ha sido objeto de una evaluación técnica- reciente- revela el avanzado grado de deterioro por obsolescencias y malas intervenciones de restauraciones previas (fibra de vidrio en los sistemas de ventilación, corrosión de acero, etc.). La declaración de los costos onerosos para su restauración pone en cuestión el futuro del Teatro. En adición, el nombramiento de la nueva Directora del INAC, conocida y vinculada a grupos artísticos y productores de eventos y espectáculos, pondría poner en sombra, el objetivo y la constitución de los miembros, el futuro patronato y por ende el destino e integridad del Teatro Nacional.
Estos ejemplos que han sido documentados y ventilados de manera pública, pone en evidencia el proceso mediante el cual las tareas de conservación, custodia y administración del patrimonio cultural panameño ha venido siendo entregado, sino bien usurpado por privados para intereses particulares.
Urge una discusión jurídica para evaluar la negligencia de los gobiernos en no hacer cumplir el mandato constitucional e institucional en materia de la conservación del patrimonio cultural panameño.
